Política pública de seguridad vial.

14 de Abril de 2013

La accidentalidad en Colombia no cesa. En 2011, 5.792 colombianos murieron y 40.806 resultaron heridos en accidentes de tránsito.  Las estremecedoras cifras de muertes y lesiones por esta pandemia no disminuyen. Lamentablemente estamos seguros de que las cifras de 2012, que aún no se conocen, seguirán una tendencia creciente. Ello quiere decir que las acciones emprendidas por el Estado y los diferentes actores en materia de seguridad vial no arrojan los resultados positivos esperados por todos.

La angustia que nos causa que muchas de estas muertes y lesiones sean evitables, nos llevó a concertar con el Gobierno del Presidente Santos, la declaración –por primera vez en la historia-, de la seguridad vial como una política de Estado, e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, dos objetivos fundamentales, elaborar e implementar un Plan Nacional de Seguridad Vial -Pnsv- y fortalecer la arquitectura institucional del país para el desarrollo de dicha política a través de la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial -Ansv-.

En cumplimiento de estos objetivos, en el año 2012 el Gobierno Nacional presentó el Pnsv 2011-2016. En su momento indicamos que una de las grandes debilidades de este plan es su baja orientación a resultados, pues de los 255 indicadores formulados ninguno establece una meta en reducción de accidentalidad atado a las cifras que lo sustentan, lo cual implicaría en la práctica la realización de una serie de acciones que podrían cumplirse sin tener incidencia real en la disminución de víctimas de accidentes de tránsito.

Para el segundo objetivo, radicamos, conjuntamente con el Gobierno Nacional, el Proyecto de Ley 166S/12 para la creación de la Ansv, la cual debe contribuir a solucionar la falta de ejecución y desarticulación institucional y asumir la responsabilidad sobre la planeación y ejecución de las políticas públicas en seguridad vial, sin perjuicio de las competencias específicas que permanezcan en cabeza de cada entidad, cuyos resultados deben ser armonizados con los objetivos misionales de la Agencia.

Propondré en la ponencia, que para que el liderazgo y rol articulador de la Ansv sean efectivos, esta debe depender directamente de la Presidencia de la República y contar con la participación en su consejo directivo de los ministros relacionados con la seguridad vial y otros actores de la sociedad civil.

El origen de los recursos para la creación y funcionamiento de la agencia, ha generado, a mi manera de ver, un debate innecesario. Con todo respeto, disentimos de quienes consideran que la creación de la Ansv debe suponer la desaparición del Fondo de Prevención Vial -FPV-, entidad que viene trabajando por la reducción de la accidentalidad con las dificultades que supone no contar con la dirección y articulación del Estado.

De ahí que los hallazgos del último informe presentado por la Contraloría General de la República no se refieran a una inadecuada ejecución o poca de transparencia en el manejo de los recursos por parte del FPV, sino a la falta de coherencia entra la destinación de las inversiones y los objetivos misionales del Fondo. Por tanto, considero que la experiencia y conocimiento acumulado del FPV no debe perderse, por el contrario, debe ponerse al servicio de la Agencia, ente rector que deberá trazar la política de su actuar.

En este orden de ideas, hemos recibido con extrañeza el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el Proyecto de Ley que crea la Ansv, que indica que no existen recursos para su creación y funcionamiento, lo que nos preocupa, pues si la política pública no está acompañada de la voluntad del Gobierno Nacional de asignar una fuente cierta de recursos para su ejecución, seguiremos siendo incapaces de salvar vidas.

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